El déficit de democracia en España y sus consecuencias económicas y sociales

Fuente: Attac España

 

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.
España actualmente tiene junto con Portugal, Irlanda y Grecia, un déficit público muy elevado, que se presenta como la mayor causa de que los mercados financieros no se fíen de su solvencia, exigiendo unos intereses muy elevados como condición de que tales mercados le presten dinero al estado español, comprando sus bonos públicos. Como consecuencia de esta interpretación, el estado español está recortando el gasto público a fin de reducir el déficit público como manera de calmar a tales mercados y poder conseguir préstamos a intereses más bajos. Sólo los partidos a la izquierda del PSOE, tales como IU, ICV-EUiA, ERC y BNG se oponen a estas políticas también aprobadas por el mayor partido de la oposición, el PP. Las dos fuerzas nacionalistas conservadoras, CiU y PNV, apoyan también tales políticas. Las diferencias entres estos partidos se centran en la rapidez, cantidad y tipo de recortes.
En esta discusión raramente se analiza como España ha alcanzado este elevado déficit del estado, situación sorprendente, pues parecería lógico que se analizaran las causas para poder responder a ellas como manera de salir de la crisis.
Veamos los datos. España y los países ya citados (referidos en la literatura económica anglosajona como los PIGS) tienen una historia común. Han estado gobernados por fuerzas conservadoras (dictaduras fascistas o fascistoides en España y Portugal y gobiernos profundamente conservadores y autoritarios en Grecia e Irlanda) durante la mayoría del periodo post II Guerra Mundial hasta los años noventa. Como consecuencia de esta historia común, todos estos países tienen estados represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Como herencia de este pasado, todos estos países tienen el mayor número de policías por 10.000 habitantes de la UE-15 y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en sus servicios públicos del estado del bienestar (tales como sanidad, educación y servicios sociales, entre otros). Tienen también las mayores desigualdades de renta de la UE-15 y los ingresos al estado más bajos de la UE-15.
Comencemos por lo último, un aspecto de enorme importancia. Los ingresos al estado como porcentaje del PIB era, cuando se inició la crisis en 2008, sólo un 37%, Portugal era 41%, Grecia 40% e Irlanda 35%. Todos ellos tenían ingresos al estado mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (45%). Como era de esperar, tenían también un gasto público mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (47,4% del PIB). España era 41,3%, Irlanda 42,8% y Portugal un 44,7%. Sólo Grecia tenía un gasto superior (49,7%) al promedio de la UE-15 y ello como consecuencia del elevado gasto militar resultado de las tensiones con Turquía. (Este gasto requería préstamos de la banca alemana para pagarlos). Un bajo gasto público significa un bajo gasto público social. Todos estos países tienen un estado del bienestar muy poco desarrollado. Sus gastos públicos sociales eran en 2008 más bajos que el promedio de la UE-15 (30,6% del PIB). España era un 24,7%, Grecia un 27,6%, Irlanda era un 26,9% y Portugal era un 28,4%. Lo que estas cifras indican es que España y estos países PIGS se gastaban menos en las transferencias públicas (como pensiones y ayudas a las familias) y servicios públicos (como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencias, servicios sociales y otros) que el promedio de la UE-15.
Una consecuencia de ello es que el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (citados en el párrafo anterior) era menor que el promedio de la UE-15 (15%). En España era en 2008 un 9%, en Portugal un 7%, en Irlanda un 12% y en Grecia un 14%. Es importante resaltar que España está junto con Portugal a la cola de empleo público en los servicios del estado del bienestar en la UE-15.
Estos datos demuestran que, en contra de lo que sostienen varios economistas neoliberales (que monopolizan los espacios mediáticos) el sector público está poco desarrollado en estos países y no puede sostenerse que su problema económico esté basado en el excesivo desarrollo de su estado del bienestar.
¿Por qué los ingresos al estado son tan bajos?
La respuesta a esta pregunta la tenemos que encontrar en su propia historia común: la enorme influencia de las fuerzas conservadoras en su pasado. Las derechas y sus instrumentos políticos (la dictadura en el caso español y portugués; y los gobiernos autoritarios en Grecia e Irlanda) han sido responsables de la configuración de tales estados: su carácter represivo, su escasa sensibilidad social, su regresividad fiscal (que ha protegido a las rentas del capital, y las rentas superiores permitiendo un enorme fraude fiscal, calculada en España en 82.000 millones de euros), y su escaso impacto redistributivo.
Como resultado de ello, estos países son más desiguales (sus desigualdades de renta están más acentuadas) que el promedio de la UE-15. Su coeficiente de Gini (que mide las desigualdades de renta en un país) son de los más elevados de la UE-15 (a mayor número, mayores son las desigualdades). El coeficiente de Gini de España era en 2008 31.3, el de Grecia era de 33.4 y el de Portugal era de 35.8, todos ellos más elevados que el promedio de la UE-15 (29.2), a excepción de Irlanda, que era de 29.9.
El dominio de las derechas sobre el estado fue muy acentuado durante la época dictatorial. Tal dominio, casi completo sobre el estado, se transformó (cuando estos países iniciaron su época democrática a finales de los años setenta) en una enorme influencia sobre el mismo estado, influencia realizada a través de su gran poder financiero, económico y mediático. Ello explica que, ya en plena época democrática, la integración de sus economías en la Eurozona se hizo también en términos muy favorables a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Esto es fácil de ver. Las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales bajó a partir de que se tomaron las medidas que los estados requerían para alcanzar los criterios de pertenencia al euro, entre los cuales, la bajada del déficit del estado por debajo del 3% del PIB o menos era esencial. La otra condición era incrementar la competitividad a base de reducir los salarios. Como resultado de estas políticas, el porcentaje que las rentas del trabajo representaban de todas la rentas nacionales bajaron de casi el 70% en 1992 a 62% en 2008, una bajada mucho mayor que la que ocurrió en el promedio de la UE-15 (del 70% al 66%).
Es importante señalar que durante los primeros quince años de la democracia española, el enorme déficit de gasto público social fue corrigiéndose como resultado del incremento del gasto público social (pasando de ser el 14% del PIB en 1978, al 22% en 1993) incremento que fue muy importante a finales de aquel periodo, en parte como respuesta a las huelgas generales y a la agitación social. En el promedio de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15, tal incremento del gasto público social como porcentaje del PIB pasó de ser 22% en 1975 al 28% en 1993. Como resultado, la diferencia entre España y tal promedio pasó de ser 8 puntos del PIB en 1975 (22-14) a 4 (26-22), habiéndose reducido a la mitad (una situación semejante ocurre cuando tomamos como indicador el gasto público social por habitante).
A partir de 1993, tal déficit social se incrementa de nuevo, pues para disminuir el déficit del estado (que era un 6% del PIB) se dejó de invertir en el sector público social a fin de reducir el déficit del estado de manera tal que la eliminación de este último (se llegó a eliminar el déficit en 2003) se hizo a costa de incrementar el déficit social de España. El euro se construyó a espaldas de las clases populares, que son las que utilizan más el estado del bienestar. Ni que decir tiene que la reducción del déficit podría haberse hecho, en lugar de recortando el gasto público, aumentando los impuestos, alternativa que ni siquiera se consideró.
La historia se repite una vez más
Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Una vez más se intenta la reducción del déficit del estado a costa de su estado del bienestar. El gobierno del presidente Zapatero (en su primer mandato 2004 – 2008, cuando gobernó en alianza con los partidos a su izquierda IU, ICV-EUiA, ERC y BNG) incrementó sustancialmente el gasto público social, disminuyendo el déficit social que España tenía con la UE-15. Pero tal gobierno revirtió su política a partir de 2008, recortando el gasto público social (excepto el seguro público de desempleo), al forzar una reducción del déficit de las CCAA, responsables de la mayoría de servicios del estado del bienestar. La congelación de las pensiones, la reducción de los salarios y los empleos públicos han acentuado todavía más estos recortes.
El gran éxito de las derechas (conservadoras y neoliberales) que controlan la mayoría de los medios de información y persuasión es haber convencido a la sociedad y al partido gobernante que no hay otra alternativa, como consecuencia de la presión de los mercados financieros. Así se promueve un pensamiento único con el cual comulga el equipo económico del gobierno Zapatero. Sus políticas están destruyendo electoralmente al Partido Socialista, pues son políticas neoliberales que dañan a las clases populares que han sido la mayor cartera de votos a tal partido. La discusión de si Chacón o Rubalcaba será el sucesor de Zapatero es de una enorme frivolidad, (estimulada por los medios) que no tiene ninguna trascendencia para el futuro electoral de tal partido. No son los personajes, sino las políticas las que crean un enorme rechazo.
No hay duda de que el PP sería, como David Cameron está mostrando en Gran Bretaña y Artur Mas en Catalunya, mucho peor. Pero que fuera peor no es causa suficiente para que la población de izquierdas, votante del PSOE, se movilice. Se llega a un nivel de artazgo y agotamiento que la población lo que quiere es “que se vayan”.
Las alternativas
No hay nada en la Biblia económica que diga que los déficits públicos se tengan que reducir recortando el gasto público. En realidad, las mayores reducciones de déficit público que se han implementado han sido, paradójicamente, aumentando el gasto público. Mucho se ha escrito sobre ello aunque casi nunca en los medios españoles. Pero sin el New Deal y la II Gran Mundial, la Gran Depresión no se hubiera resuelto en EE.UU. Y sin el enorme intervencionismo público y el plan Marshall en Europa, ésta no se habría recuperado de la II Guerra Mundial. La mejor manera de reducir el déficit es con el crecimiento de la economía y con el alargamiento del plazo de reducción del déficit y de la deuda. En EE.UU., se aplazó a cincuenta años. Es absurdo exigir que se haga en 3 años, como la UE está exigiendo.
Pero otra manera de reducir el déficit es aumentando el crecimiento económico a base de aumentar el gasto público mediante un incremento de los impuestos. Y en España hay una enorme cantidad de recursos (dinero) que el Estado no está recogiendo. La enorme regresividad de las políticas fiscales deja un enorme espacio de maniobra. Si España tuviera las mismas políticas fiscales que Suecia, el estado (central y autonómico) recogería 200.000 millones de euros más de los que recoge, con los cuales se podrían crear empleos, estimulando así la demanda y el crecimiento económico. En realidad, si el porcentaje de la población trabajando en los servicios públicos del estado del bienestar, en lugar de ser el 9% actual fuera 25% como en Suecia, en España habría 5 millones más de puestos de trabajo, eliminando el desempleo.
¿Por qué no se sigue esa alternativa? La respuesta se debe única y exclusivamente al enorme poder de las fuerzas conservadoras y neoliberales cuyo pensamiento ha contaminado a los grupos económicos del gobierno español y que utilizan el argumento de los mercados financieros para realizar lo que siempre han deseado, la reducción del estado del bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora y de todas las clases populares.

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