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Un padre de familia a punto de ser desahuciado se ahorca en plena calle

Fuente: La vanguardia

M.P, vecino de Hospitalet de Llobregat, vivía desde hacía nueve meses ocupando “de patada” un piso vacío de protección oficial con su mujer y su hija menor de edad. Se convirtió en ocupa después de haber agotado el paro y no poder pagar el piso de alquiler donde vivía. Pero hace una semana recibió una orden de desahucio anunciándole que tenía que abandonar la vivienda de manera inminente. Finalmente, ayer por la tarde decidió ahorcarse en plena calle, en un parque de la calle Juan de Juanes en el barrio del Gornal en l’Hospitalet.

Según ha informado el presidente de la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, Juan Álvarez, M.P, de 45 años de edad, se personó esta semana en el Ayuntamiento de la localidad para pedir que realojaran a su familia en un albergue “porque hacía mucho frío para quedarse tirado en la calle con su familia”. Pero, según Álvarez, los servicios sociales del consistorio denegaron su petición. La misma fuente apunta que, como último recurso, el fallecido se personó en dos ocasiones, la última el mismo día del suicidio, para reclamar una demora de un mes en la ejecución del desahucio. Al no obtener una respuesta satisfactoria, a las cinco de esta tarde “ha salido con una cuerda de la vivienda que ocupaba” y ha decidido ahorcarse en el parque de las Setas, a pocos metros del piso que en pocas horas iba a tener que abandonar por la fuerza.

La víctima era electricista hasta que llegó la crisis. Una vez agotada la prestación por desempleo, pasó a cobrar una pensión de unos 300 euros “debido a la depresión que sufría a raíz de no encontrar trabajo”, según Álvarez. Además de tener que hacer frente a un juicio por ocupación ilegal, Adigsa reclamaba a la familia 9.000 euros por haber entrado “de patada” al piso. El presidente de la asociación de vecinos del barrio asegura que, poco antes de suicidarse, la víctima le llamó por teléfono para transmitirle su desesperación: “Estaba muy nervioso, me dijo que se había tomado unas pastillas, yo intenté calmarle y le dije que me esperara en la plaza para hablar sobre su situación e intentar encontrar una solución al problema, pero llegué demasiado tarde”.

Después del trágico suceso, los responsables de los servicios sociales del Ayuntamiento se presentaron en casa de los familiares para ofrecer su apoyo.

Desahucios masivos en el barrio de la Gornal
La Asociación de Vecinos Carmen Amaya asegura que en las últimas semanas se han producido un gran número de desalojos forzosos de personas que estaban ocupando viviendas vacías de ADIGSA. Una de ellas es Manuel Torres, un padre de familia que se quedó en paro hace más de dos años y que decidió entrar “de patada” en uno de los pisos vacíos que hay en la zona. Hace días le llegó la notificación de desahucio que será ejecutada, si nada lo impide, el próximo 7 de febrero. Por su parte, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) le ha convocado a una reunión el día 25 de este mes para hablar de la custodia de sus dos hijos. Torres vive en un piso sin agua de ADIGSA al no poder hacer frente a lo que cuesta un alquiler con la ayuda de 426 euros para parados. “Somos padres de familia necesitados y aunque queramos, no podemos irnos de los pisos”, explica Torres.

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Una reforma injusta y con trampa

Fuente: attac españa

Ignacio ZubiriEl País

La reforma de las pensiones que se va a llevar a cabo es simplemente reducir a medio y largo plazo las pensiones. Las medidas básicas que se proponen además de injustas (el coste del ajuste recae sobre los trabajadores) son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por ello la reforma esconde una trampa, denominada factor de sostenibilidad, que es una puerta a más reducciones en las pensiones futuras. La reforma, por tanto, dice: se bajan las pensiones y si en el futuro no da para pagarlas con los niveles actuales de cotización (que no dará), se bajarán más.

La reducción inicial de las pensiones se apoya en dos medidas básicas. Primero, aumentar progresivamente el periodo sobre el que se promedian los salarios para calcular la pensión inicial. Cuando acabe el proceso (10 años) se incluirán en el cálculo 10 años más que ahora. Segundo, aumentar progresivamente (15 años) la edad de jubilación hasta los 67 años. Esta medida se atenúa permitiendo que quienes hayan cotizado 38,5 años puedan seguir jubilándose a los 65 años, añadiendo excepciones y computando años adicionales de cotización por causas varias.

La primera medida hace que para calcular la pensión inicial se incluyan salarios reales más antiguos que, en general, son más bajos que los salarios reales recientes. La pérdida promedio será alrededor de un 1% de pensión por año adicional que se incluya en el cálculo. Esto implica una reducción del 10% de la pensión al final del proceso. La reducción será mayor para quienes hayan estado en paro en los nuevos años incluidos y menor para quienes hayan estado en paro en los últimos años (sin estarlo en los años añadidos). En algunos casos, estos últimos trabajadores pueden incluso aumentar su pensión. El aumento de la edad de jubilación reduce la pensión vitalicia en alrededor del 10%. Las concesiones de última hora minoran el impacto de esta medida, porque una parte sustancial de la población cumplirá los requisitos para seguir jubilándose a los 65 años. Los más perjudicados serán quienes han estado más años en paro.

Tomando como base las estimaciones de la comisión es probable que, una vez las medidas estén funcionando plenamente (hacia 2050), la reducción en el coste de las pensiones sea inferior a tres puntos del PIB. Este ahorro es menos de la mitad del necesario para garantizar la solvencia a largo plazo del sistema (si no se aportan más recursos). Por ello, las medidas básicas de la reforma no garantizan la solvencia a largo plazo del sistema. Entonces entrará en juego el factor de sostenibilidad. Sus efectos dependen de cómo se diseñe. Si efectivamente restablece el equilibrio financiero, la reducción adicional de pensiones puede ser sustancial.

En el recuento final, pierden los trabajadores porque de entrada se dejan hasta un 20% de pensión vitalicia a cambio de nada, y en el futuro pueden dejarse mucho más. Ganan las instituciones financieras que, a pesar de haber demostrado ser más expertas en cobrar comisiones que en dar rentabilidad, venderán más planes privados (parcialmente financiados con dinero público vía IRPF). Pierden los sindicatos porque han demostrado su falta de fuerza y liderazgo. Solo han logrado retrasar y reducir marginalmente el recorte. El Gobierno gana porque verá legitimada su actuación reciente por unos sindicatos que criticaron muchas de las medidas que ahora apoyan. También será alabado por las instituciones internacionales a pesar de que las medidas aprobadas no afectan a la salida de la crisis porque tardarán más de veinte años en reducir el gasto significativamente.

La reforma de las pensiones se ha basado en una premisa ideológica presentada como técnica: las pensiones deben financiarse solo con cotizaciones a los tipos actuales. Esto implica que todo el ajuste debe ser vía reducción de pensiones. Frente a esto, se podría haber hecho una reforma que repartiera el coste adicional de las pensiones de forma justa entre generaciones, individuos y tipos de renta. Los trabajadores hubieran soportado su parte del coste, pero a cambio se habría dotado al sistema con más recursos (cotizaciones, impuestos, fondo de reserva, deuda). –

Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco.

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